Por un futuro sin incendios: la fiscalidad que reclaman los gestores forestales

Cada verano el patrón se repite: incendios que arrasan miles de hectáreas, imágenes de matorral ardiendo a más velocidad de la que cualquier medio aéreo puede seguir, y un debate público que se apaga casi tan rápido como el fuego. Pero hay un dato que no cambia de un año a otro: el incendio no empieza el día que prende la primera llama, sino años antes, cuando un monte deja de gestionarse. Y en España, la razón por la que se deja de gestionar tiene, casi siempre, un componente fiscal.

Un país forestal que no puede pagar sus bosques

España es, después de Finlandia y Suecia, el país con más superficie forestal de la Unión Europea: un 56 % del territorio — 28 millones de hectáreas — es monte. De esa superficie, el 72 % (unos 20 millones de hectáreas) es propiedad privada, repartida entre aproximadamente 4 millones de propietarios.

Ahí está el problema. La propiedad forestal española está enormemente fragmentada — fincas pequeñas, muchas veces heredadas y sin apenas rentabilidad — y mantener un monte limpio de matorral y biomasa acumulada cuesta dinero que casi nunca se recupera vendiendo la madera o la leña que sale de esa limpieza. Patricia Gómez, gerente de la Confederación de Selvicultores de España (COSE), lo resume sin rodeos: en muchos casos "cuesta más sacarla que lo que van a pagar por ella". Ni siquiera las ayudas de la PAC compensan el déficit, y los selvicultores las califican de "claramente insuficientes".

El resultado es previsible: propietarios que abandonan sus terrenos porque gestionarlos les sale caro, montes que acumulan combustible año tras año, y una superficie forestal que COSE describe como cada vez más "ingobernable" — justo el escenario en el que un incendio deja de ser un fuego de matorral y se convierte en un incendio de sexta generación, imposible de frenar con los medios de extinción actuales.

La cuenta que no cuadra: se gasta en apagar, no en prevenir

Hay otro desequilibrio detrás de este problema, y es presupuestario. Entre el 70 % y el 80 % del gasto público contra incendios se destina a extinción — medios aéreos, brigadas, operativos de emergencia durante la campaña de verano — y solo una fracción mínima se dedica a la prevención que se hace en invierno: desbroces, clareos, tratamientos selvícolas, extracción de biomasa, recuperación de pastos o creación de paisajes en mosaico que frenan la propagación del fuego.

Es una paradoja conocida por cualquiera que haya llevado una empresa: se puede gastar mucho más apagando un problema recurrente que invirtiendo lo necesario para que no vuelva a producirse — y aun así seguir haciéndolo, porque el gasto de emergencia es más visible y políticamente más fácil de justificar que la prevención silenciosa.

Qué piden exactamente los selvicultores

La propuesta que COSE, junto con Juntos por los Bosques, Greenpeace y WWF, ha presentado a los grupos parlamentarios no pide subvenciones nuevas — pide un cambio de fiscalidad. Los puntos centrales son:

• Reconocimiento oficial de la figura del "selvicultor activo", equivalente al agricultor o ganadero activo que ya existe en el ámbito agrario, con acceso a asistencia técnica y estabilidad normativa.
• Un registro de operaciones forestales que dé visibilidad administrativa a quien gestiona su monte, para poder aplicar beneficios fiscales de forma verificable.
• Una deducción del 20 % en el IRPF sobre los gastos e inversiones en conservación, mantenimiento, mejora, protección y acceso a los montes — que subiría al 40 % en montes con marcado carácter protector y baja orientación maderera, donde la rentabilidad económica es aún menor.
• Incentivos fiscales a la agrupación de propietarios, clave en un país con la propiedad tan fragmentada como la española.
• Medidas específicas en Sucesiones y Transmisiones Patrimoniales, para que heredar un monte no obligue a malvenderlo o abandonarlo por no poder asumir el coste fiscal de mantenerlo.
• Reducción o diferimiento fiscal del beneficio reinvertido en la propia explotación forestal.

El argumento de fondo, según Gómez, es que estas bonificaciones no son un coste neto para el Estado: "se pueden recuperar a través de otros impuestos como el IVA de los productos, la Seguridad Social de trabajadores y ahorro en extinción" de incendios. Dicho de otro modo: cada euro que no se recauda en IRPF por gestión forestal se compensa con actividad económica gravada por otras vías, y con un ahorro directo en el operativo de emergencia del verano siguiente.

Por qué esto no ha avanzado (todavía)

Según la información recogida, ambos grandes partidos consultados se mostraron de acuerdo con la propuesta en conversaciones informales — pero no ha llegado a debatirse en las comisiones de Hacienda ni de Medio Ambiente del Congreso. Existen dos proposiciones de ley relacionadas — una sobre montes de socios y otra sobre fiscalidad del sector primario — actualmente en tramitación, con plazo de enmiendas abierto hasta septiembre de 2026.

Es, en el fondo, el mismo problema que atraviesa buena parte de la política fiscal española: hay consenso técnico y hasta político sobre la medida, pero no encuentra hueco en la agenda hasta que la urgencia — en este caso, literalmente, el fuego — obliga a mirarla de nuevo.

La lectura de fondo

Este caso es un buen recordatorio de algo que aplica mucho más allá del sector forestal: la fiscalidad no es solo una forma de recaudar, es la palanca que determina qué actividades resultan viables y cuáles no. Un monte que hoy no es rentable gestionar puede convertirlo mañana una deducción bien diseñada — igual que ocurre con la inversión en I+D, la contratación o la reinversión de beneficios en cualquier pyme. La diferencia es que, en este caso, la factura de no actuar no la paga solo quien no gestiona su monte, sino todo el que vive cerca cuando ese monte arde.

Fuentes: Democrata.es y El País — Clima y Medio Ambiente.